Nos hacemos eco de un artículo de opinión publicado en Contexto y Acción el domingo 18 de septiembre, por el periodista Bonifacio de la Cuadra. Se titula "La democracia exige un Gobierno de progreso" y se puede resumir en cómo PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos deben pactar un acuerdo de mínimos sin Rajoy y potenciarlo en el Parlamento.
Se pongan como se pongan los partidos que examinan con exquisitez al adversario para fijar líneas rojas que le resulten insuperables, es del todo posible establecer ahora en España un Gobierno de progreso, aglutinado en torno a planteamientos políticos que, para no entrar en detalles, pueden consistir en lo contrario de lo que ha sido el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. El apoyo parlamentario y, en su caso, el control, potenciará democráticamente ese Ejecutivo.
Claro está que un programa de Gobierno avanzado puede contener otros ingredientes que no se reduzcan a enmendarle la plana al Ejecutivo saliente. Pero la realidad electoral del 26J y el agrupamiento de escaños en la segunda sesión de investidura, mediante los 180 noes a Rajoy frente a los 170 síes, pone muy fácil el camino para un acuerdo político, si los líderes de la oposición son capaces de concentrarse en esa realidad aritmética y extraer de ella las convenientes consecuencias políticas, sin distraerse, por el momento, con aspiraciones más ambiciosas. El tiempo permitirá ampliar los objetivos. (En cuanto a un eventual Gobierno con solo 85 escaños, ahí está el ejemplo --entre otros-- de Ada Colau, que gobierna, y bien, el Ayuntamiento de Barcelona con 11 de los 41 concejales de ese municipio).
Puede ocurrir que las fuerzas secesionistas exijan compromisos inminentes y no les convenza el argumento de que el desalojo de Rajoy ya es para ellos un avance en sí mismo. O, desde el otro lado, acaso los barones socialistas, anclados en la vieja política, o los antiguos líderes, disfrazados dejarrones chinos, apuesten todavía por el bipartidismo y por la novedad del patrioterismo centralista, con olvido del Jordi Pujol de sus amores... En ese caso, los principales promotores del Gobierno del Cambio --PSOE y Unidos Podemos-- deberían acudir a la solución B.El desastre del PP, que usó y abusó durante cuatro años de una mayoría absoluta que le permitió dilapidar los avances sociales logrados, normalizar la corrupción como herramienta política y favorecer únicamente a quienes detentan poder, ofrece la ventaja política de que el grado de indignación producido en la mayoría de los españoles pueda convertirse en el número de escaños suficientes para desalojar a Rajoy de la Moncloa. Los 85 escaños del PSOE más los 71 de Unidos Podemos suman ya 156, a los que podrían unirse nacionalistas y separatistas --basta con que todos se concentren, como objetivo prioritario, y prometedor, en la desaparición de Rajoy y el PP del Ejecutivo--, hasta superar la cifra mágica de los 175 diputados.
La solución B
La solución B no es otra que implicar a Ciudadanos, cuyos 32 diputados podrían contribuir con su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez en la primera votación o con su abstención en la segunda. Ciudadanos tiene ya experiencia de pactar con el PSOE y con el PP y de votar favorablemente a su respectivo candidato a presidente del Gobierno, tras las correspondientes negociaciones y los pactos previos a ambas sesiones de investidura. Cuenta con un núcleo común. Los cambios de criterio en aras de la gobernabilidad de la Patria deberían impedir a Ciudadanos establecer vetos a otras formaciones, tras haber sido tan amable con el PP.
La incompatibilidad ideológica entre Ciudadanos y Podemos --esgrimida mutuamente como línea roja insalvable-- no vale para dejar de pactar una investidura que, además de los puntos comunes de regeneración política, anticorrupción, modificación de la ley electoral y cambio democrático, entre otros, aportaría el suculento regalo de la desaparición de Rajoy y el PP del poder ejecutivo. No existen argumentos para oponerse, desde ninguna de esas tres formaciones --PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos--, a constituir un Gobierno del cambio, no para dejarlo esclerotizado gobernando, sino investido, pero también vigilado y controlado. No es preciso acudir al ejemplo de la Transición, durante la que fueron capaces de pactar nada menos que las reglas del juego de la democracia políticos que venían de las cárceles de Franco o del exilio con gerifaltes del régimen.
Unidos Podemos hará bien aparcando, si es preciso, su inteligente propuesta de consultar a los catalanes sobre su voluntad de permanencia en España, pero sin dejar de avisar que el paso del tiempo pasivamente, modelo Rajoy, es una fábrica de independentistas. Si Podemos se implica, como debiera, en la configuración de un Gobierno de progreso, deberá aceptar de Ciudadanos todo aquello que no huela a Rajoy, que algo hay, y avanzar por ese camino. Es lo que está haciendo con el PSOE el líder de IU, Alberto Garzón, que ha trasladado a Pedro Sánchez unas condiciones para respaldar su investidura que son, entre otras, una reforma fiscal progresiva, un plan de empleo; derogación de la reforma laboral, la ley Mordaza y la LOMCE; un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la garantía de suministros básicos, y una reforma de la Ley Electoral que garantice mayor proporcionalidad.
El 9 de marzo de 2016, centenares de intelectuales demócratas iniciaron la publicación de un manifiesto titulado ES POSIBLE Y NECESARIO UN GOBIERNO DEL CAMBIO: REPETIR LAS ELECCIONES NO ES SOLUCIÓN, que alcanzó 10.108 firmantes. Contrarios a la continuidad del Gobierno de Rajoy, los manifestantes apostaron por los “tres partidos que abogan por el cambio y la reforma”, a partir de los comicios del 20-D, y estimaron que “sería una irresponsabilidad que en los próximos días no fuesen capaces de lograr una mayoría suficiente que evite las elecciones y abra una nueva etapa política en España”.
Para que esas iniciativas lleguen a buen fin, habida cuenta del debate interno del PSOE, ni Alberto Garzón ni Pablo Iglesias deberían plantear unos objetivos democráticos de máximos que hagan tambalear al partido de Pedro Sánchez. Por el contrario, deben contribuir a apuntalarlo, porque el PSOE, clave en la Transición, el proceso constituyente y la oposición, creó zonas oscuras y frágiles durante sus largas etapas en el poder. Todavía colean, en perjuicio de la democracia que los socialistas contribuyeron a traer. Ayudarles a regenerarse es una tarea democrática, compatible con la pugna política y enteramente beneficiosa para la gente, los ciudadanos, el pueblo.No fueron capaces. Se repitieron las elecciones el 26J. Miles de votantes publicaron otro manifiesto el 28 de julio último y lo han repetido el 30 de agosto: POR UN GOBIERNO DE PROGRESO. POR UN ACUERDO DE PSOE, UNIDOS PODEMOS Y CIUDADANOS. Proponen a las tres fuerzas del cambio que se sienten a “dialogar para acordar unos mínimos que satisfagan las demandas ciudadanas”. Les piden “los esfuerzos necesarios para conseguir un nuevo Gobierno que ponga fin a los recortes, inicie un proceso de regeneración democrática y responda a las necesidades sociales más urgentes”.
La República, aparcada
Hay un ejemplo de renuncia temporal a los objetivos democráticos máximos: el aparcamiento de la opción republicana para la jefatura del Estado. Hace dos años, a propuesta de Izquierda Plural, el Congreso de los Diputados debatió y votó una moción instando al Gobierno a que convocara un referéndum sobre Monarquía o República. Esa moción --histórica, porque fue la primera vez que se produjo una votación parlamentaria sobre esa materia, desde que se aprobó la Constitución de 1978-- fue derrotada por 274 votos en contra (los del PP y el PSOE unidos, con la adhesión de UPyD), 26 a favor (IU, PNV, ERC, Amaiur y BNG) y la abstención de CiU.
En cambio, resulta muy criticable que en asuntos políticos en los que existe unanimidad en la oposición parlamentaria para tratar de hacer entrar en razón al Gobierno del PP, se actúe con debilidad o timidez. Me refiero al recurso interpuesto por el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional para que el Gobierno en funciones del PP pueda ser sometido a control parlamentario. La democracia necesita una decisión urgente.Incluso con ese precedente, las formaciones políticas que han concurrido en las dos últimas convocatorias a las elecciones generales no llevan en sus programas --al menos, no lo resaltan-- ese referéndum sobre la jefatura del Estado, que en el proceso de regeneración de nuestra democracia habrá que abordar. Pero es buena señal que para la formación de un Gobierno de progreso no se impongan por nadie exigencias democráticas de alto calado, como esa, que dificultaría el acuerdo.
No es de recibo que el máximo intérprete de la Constitución, una vez admitido el recurso del Parlamento el 13 de junio último, y cumplido a finales de agosto el plazo para las alegaciones de las partes, no resuelva el conflicto “dentro del mes siguiente”, como se lo exige la ley por la que se rige el Alto Tribunal --sacrosanta obligación jurídica--, es decir, a finales de septiembre. La importancia de esa sentencia para el normal funcionamiento de la institución parlamentaria y el ejercicio de su función de control al Ejecutivo no permite retrasarla por el disfrute de los señores magistrados de sus vacaciones de agosto. Precisamente ese mes fue declarado hábil por el propio tribunal a efectos de registro y plazos. El objetivo de esa medida fue el de poder resolver asuntos relativos al proceso secesionista de Cataluña y a la candidatura de Arnaldo Otegi para las elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre. Pero, ¿qué es realmente más importante y urgente?
En conclusión: el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos están obligados a alcanzar un acuerdo viable para investir al líder socialista como presidente de un Gobierno de cambio y de progreso, cuya primera virtud residirá en desalojar a Rajoy y al PP del Ejecutivo. Y mientras ese momento llega, la oposición al Gobierno en funciones debe exigir al Tribunal Constitucional que cumpla su propia ley y sentencie en el actual mes de septiembre el recurso sobre el control parlamentario de la oposición al Gobierno, esencial en esta democracia.
